El juez de instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, procesó a los tres policías de Florencia –noreste de la Provincia de Santa Fe- acusados de torturar a tres jóvenes y a dos trabajadores rurales. En ese marco Toniolli señaló su alarma por el hecho de que "para Palud tormentos como la picana y el submarino seco merezcan la carátula 'apremios ilegales'".
El Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Eduardo Toniolli, que había denunciado estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con el patrocinio del Defensor General Gabriel Ganón, manifestó que "la figura a través de la que los procesó es la de 'apremios ilegales', que no se condice con el tenor de los hechos referenciados en los testimonios: uso de picana y submarino seco", y continuó, "la diferencia es simple: el código penal establece de 1 a 5 años de prisión por apremios, en cambio, por torturas, de 8 a 25 años. Producto de ello, además, los procesados pueden seguir el juicio en libertad".
Al ser consultado por el papel del Magistrado, Toniolli expresó que "evidentemente la presión social y política ha generado que Palud tuviera que 'hacer algo', aunque no lo que debía hacer", y agregó, "a esto se le suman las requisitorias enviadas por la 'Relatoria contra la tortura' de la ONU al Estado Nacional, que desembocaron en pedidos de informes de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y al Ejecutivo Provincial, en base al pedido a ese organismo que realizamos en su momento con Ganón, que al parecer molestó a algunos sectores del poder judicial".
Por último el diputado del Movimiento Evita le solicitó al Ministro de Seguridad Raúl Lamberto que se avance en los trámites administrativos a fin de "exonerar a los agentes procesados".
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