El intento del gobierno de Antonio Bonfatti de imponer una novedosa "tasa vial" (aumentando 32 centavos la compra de cada de litro de nafta, para engrosar un fondo orientado al mejoramiento de las rutas provinciales) se enmarca en un proceso de progresiva desinversión de la administración provincial en materia de infraestructura vial.

El análisis de la evolución de los recursos percibidos por la Dirección Provincial de Vialidad desde 2007 a 2012 nos muestra que los recursos provenientes del Fondo de Coparticipación Vial (aportes del Estado nacional) se han incrementado sustancialmente, pasando de $32.997.000  a $111.859.000 en ese período. En tanto, los recursos de origen provincial disminuyeron significativamente: de  $419.118.000 a  $398.072.000 durante el mismo lapso. En síntesis los ingresos de coparticipación vial provenientes del impuesto a los combustibles a nivel nacional se incrementaron un 239 por ciento (por encima del crecimiento de cualquier índice de precios de la construcción), mientras que los ingresos de origen provincial disminuyeron un 26 por ciento, siendo el resultado total de una disminución del 5 por ciento. Esto evidencia un desfinanciamiento en términos nominales, cuya responsabilidad exclusiva descansa en la merma de contribuciones provinciales, que calculado en términos reales —es decir, tomando como referencia el alza de precios del sector— es mucho mayor.

Ahora bien, ¿de dónde salen las contribuciones provinciales? Las contribuciones son ahorros de la administración central que se derivan a un organismo descentralizado. Evidentemente, la política presupuestaria y de administración en el 2007 preveía, como en años anteriores, un ahorro en la administración central para ser destinado a financiar las obras de la Dirección Provincial de Vialidad. En cambio en los últimos años  el mayor gasto en egresos corrientes y la falta de voluntad política para realizar una administración que permita financiar obras, lleva a un incremento constante de gastos corrientes desfinanciando las inversiones. Si los recursos provinciales totales se han incrementado significativamente por encima de cualquier índice de inflación entre 2007 y la actualidad, ¿cuál es la causa para no realizar una adecuada administración de los recursos ya existentes para realizar las obras que corresponden y que se financiaban hace seis años con menor masa de ingresos? Si los aportes del gobierno santafesino en el área hubieran crecido al mismo ritmo que la recaudación tributaria provincial en el período que venimos analizando (2007-2012) —que aumentó un 217 por ciento—, hoy la Dirección Provincial de Vialidad debería estar recibiendo más de mil millones anuales para obras de infraestructura vial.

Por otra parte, sostenemos que la "tasa vial" propuesta por el gobierno de Bonfatti representa un intento por transferir ingresos del conjunto de consumidores de combustibles, a una actividad económica específica que es la producción agropecuaria con destino exportable, principal responsable del deterioro de las rutas santafesinas. El resto de las actividades económicas, y la población en su conjunto, asumirían de esta manera el costo de reparación de arterias cuyo deterioro responde mayormente a la intensa —y próspera— actividad de productores, cerealeras y multinacionales agroexportadoras.

Los primeros (productores) abonan tasas inmobiliarias muy por debajo del valor de mercado que han adquirido sus activos patrimoniales en la última década (fundamentalmente la tierra), aun con la tímida actualización que han sufrido con la última reforma tributaria provincial. Las segundas (cerealeras y multinacionales) no tienen carga tributaria provincial, en la medida que se hallan exentas del pago de Ingresos Brutos, y vienen obteniendo récords de rentabilidad en rubros como la exportación de granos y aceites a través de puertos locales, previo transporte vía camiones desde las zonas rurales de toda la provincia, especialmente desde las regiones centro y sur de Santa Fe, no casualmente las que cuentan con las rutas más deterioradas.Un incremento del precio final de combustibles acarrearía un incremento en los costos de otras actividades económicas y de las familias santafesinas en general, y un perjuicio al sector expendedor por pérdidas de ventas. Pero además sería regresivo e injusto, no sólo porque no existe entre la tasa y la prestación del servicio una relación directa desde el punto de vista de la equidad tributaria, si no porque —además— se estaría trasladando al conjunto de residentes de la provincia los costos de perjuicios que genera una actividad tan privilegiada impositivamente como ni el gobernador Bonfatti ni su colega José Manuel de La Sota (padre de la "tasa vial" que ya rige en Córdoba) han siquiera esbozado, temerosos de una eventual ruptura de la estrecha alianza que sostienen con aquel sector.
la del complejo agroexportador. Lo correcto sería la imposición de algún tipo de carga provincial sobre éste último, que permita paliar —en parte— esta situación, criterio redistributivo que

Fuente: La Capital