Quizás sea esa pregunta - que Los Violadores popularizaron a mediados de la década de los ’80 en la voz del inefable Piltrafa -, la más frecuentemente enunciada en la calles rosarinas durante los últimos días. La llegada de dos mil gendarmes, prefectos y policías federales al comando del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para efectivizar más de ochenta allanamientos ordenados por la Justicia Federal orientados a desbaratar puntos de ventas de estupefacientes, y luego instalarse en la ciudad por un lapso de tiempo finito pero indeterminado; además de generar una lógica incertidumbre, abre – y en esto coincidimos con el gobernador Bonfatti – “un antes y un después” en la historia reciente de una ciudad transida por el crecimiento exponencial de la violencia y, fundamentalmente, de la muerte joven.

Lamentablemente, el “antes” incluyó una serie de ataques del gobierno provincial (en boca de funcionarios propios o, por interpósita persona, vía operaciones plasmadas en empresas mediáticas afines a la gestión), cuyo blanco fueron los funcionarios judiciales que condujeron las investigaciones que a la postre desbarataron parte de la trama territorial tejida por el narcomenudeo, y que - hecho más importante y trascendente aún- comandaron las pesquisas que lograron desarticular algunas de las bandas que la alimentaban. Hablamos, claro está, del fiscal Juan Murray y del Dr. Félix Crous (titular de la Procunar), que - junto a otros fiscales federales – recolectaron evidencia suficiente para lograr la captura y el posterior procesamiento conforme a derecho de “peces gordos” como el ex Jefe de la Policía de Santa Fe, Comisario Hugo Tognoli (junto a algunos de sus subordinados), de Ascaíni, Orozco, Zacarías y Quevedo, entre otros.

Una gestión provincial temerosa de que las eventuales derivaciones institucionales de aquellas investigaciones pudieran salpicarla, denunció primero una ofensiva del Estado federal para desacreditar el “modelo Santa Fe”, para luego - ante evidencia empírica inocultable – reconocer la existencia de un problema, que sintetizó (mal) en la doctrina de la “manzana podrida”: bastaba con separar a algunos agentes infieles de la policía santafesina, y san se acabó. Esa lectura no sólo no se tradujo en acciones que la validaran operativamente (en la medida que, por ejemplo, el sucesor de Tognoli fue Sola, que – Dra. Viglione mediante – se designó a agentes cuestionados en el área de delitos complejos del Ministerio de Seguridad, o que se protegió a la cabeza de la escandalosa División Judiciales de requisitorias de la Justicia Federal y Provincial), sino que además obturó el debate sobre la necesidad de una reforma real y profunda de la policía santafesina.

Sumado a ello, el Ejecutivo provincial alentó, celebró y usufructuó mediáticamente una causa judicial que se propuso la desfederalización de facto (le pido prestada la categoría al criminólogo Enrique Font) y “a la que te criaste” del combate al narcomenudeo, estrategia peligrosa que el tiempo dirá hasta dónde fue funcional con la pandilla delictiva conocida como “Los Monos”, y con sus mediáticos abogados defensores.
Paradójicamente, aquellos que advirtieron tempranamente el error fueron tenazmente impugnados por los operadores mediáticos del Frente Progresista, y duramente difamados por sus operadores de calle (aún quedan algunas pintadas que rezan “Murray y Ganón socios de los Canteros”).

Además de la consecución de investigaciones federales que permitan seguir desmontando de arriba hacia abajo las estructuras narcocriminales, incluyendo sus redes de lavado de activos, el “después” de la nueva etapa que se abre deberá incluír políticas activas de prevención social del delito, que permitan disputar la hegemonía que en determinadas barriadas han construido bandas que hoy representan - para muchos pibes que terminan muriendo y matando por un negocio del que se llevan migajas - una posibilidad de identidad, prestigio, ascenso social, y acceso rápido a consumos inalcanzables, pero profusamente ofertados por el mercado. Este terreno ofrece, y exige, infinitas posibilidades de intervención directa y conjunta del gobierno nacional, el provincial y el municipal. En este sentido, los anuncios del nuevo titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, han generado expectativas en quienes creemos fervientemente, más que en la “saturación policial”, en la saturación estatal con políticas sociales, laborales, educativas, y firme protagonismo de las organizaciones populares.

El “después” merece asimismo que todos los sectores que participamos de la vida política santafesina explicitemos qué entendemos por “reforma policial”, básicamente porque corresponde a la institucionalidad provincial hacerse cargo de llevarla adelante (tal como lo sugiriera la Presidenta de la Nación en su discurso con motivo del treinta aniversario de la recuperación democrática), y porque si se llegó a esta situación en materia de narcocriminalidad no fue por “ausencia del Estado”, si no por el aval, acompañamiento y usufructo de agencias estatales corrompidas, entre ellas – aunque no exclusivamente – las fuerzas de seguridad.
Mientras en nuestra provincia se siga incumpliendo con la Ley 12.521 del año 2006 (que disponía la participación civil en el proceso de ascensos policiales), se siga dejando en manos de la misma fuerza la investigación de los ilícitos de sus miembros, se vacíe la Secretaría de Control de Seguridad, y se siga dejando en manos de divisiones policiales de dudosa reputación el rol de auxiliar del Poder Judicial para investigar los delitos complejos, estaremos lejos de cualquier atisbo de reforma policial integral. Por más que hayamos avanzado en el cambio del sistema de enjuiciamiento penal, si no se altera en lo más mínimo el subsistema de quienes investigan como auxiliares de los nuevos fiscales, los resultados serán los mismos. Esa certeza nos empujó hacia el año 2012 a presentar un proyecto de creación de un Organismo de Investigaciones (o Policía Judicial) bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, a trabajarlo activamente en ámbitos académicos, políticos y sociales, y finalmente a impulsarlo en la legislatura, buscando los consensos necesarios para que se convirtiera en Ley, acompañada por la mayor cantidad de bloques posibles, oficialismo incluido. Lamentablemente, el veto del gobernador inutilizó aspectos centrales del novel organismo, fundamentalmente aquellos que significaban recortar potestades investigativas hoy delegadas por el Poder Judicial a las fuerzas de seguridad (por costumbre, tradición, comodidad, temor, o simplemente porque “no le queda otra”).

Si alguna vez se nos convoca lealmente desde el gobierno provincial para avanzar con una reforma policial que asuma operativamente – y no sólo retóricamente - los preceptos del “Acuerdo para la seguridad democrática”, no vamos a dudar en acompañar el cambio, desde una perspectiva que – sin renunciar a la crítica – abone una mirada propositiva. El proceso de debate legislativo del proyecto de Policía Judicial, y nuestra activa participación en ámbitos como el Consejo Provincial de Seguridad así lo atestiguan. Mientras tanto, no vamos a renunciar a señalar (desde la militancia u ocasionalmente desde una banca legislativa) los errores, inconsistencias o condescendencias del gobierno provincial con un estado de cosas - en materia de seguridad y justicia - que nos subleva, en la medida que alimenta el sino trágico de una ciudad que, como Saturno, se devora a sus hijos.

Eduardo Toniolli (Diputado provincial del Movimiento Evita)