El diputado provincial Eduardo Toniolli, Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, presentó un proyecto de Ley declarando el 8 de mayo “Día provincial de lucha contra la violencia institucional”, adhiriéndose a la fecha establecida por el Congreso de la Nación en el orden federal. Asimismo, el legislador del Movimiento Evita requirió informes al Ministerio de Seguridad sobre un reciente caso de torturas y apremios contra jóvenes en la localidad de Avellaneda, en el norte provincial.

En declaraciones a la prensa Toniolli señaló que “el 8 de Mayo fue instituido nacionalmente como Día de Lucha contra la Violencia Institucional a través de un proyecto del diputado nacional Leonardo Grosso, aprobado como Ley 26.811, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional en enero del 2013”, con el objeto de “recordar casos de violaciones graves de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad”, y fundamentalmente “promover políticas públicas en materia de seguridad que tengan como permisa la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad y no su violación sistemática”.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados santafesina, propone que la provincia instituya ese mismo día localmente, para “visibilizar una problemática que se traduce en casos de apremios ilegales, torturas, gatillo fácil, que han costado la vida de más de 1900 argentinos desde 1983 a la fecha en todo el país, y que ha tenido – y tiene – en nuestra provincia expresión en casos paradigmáticos, como los muertos por la represión policial del 19 y 20 de diciembre del año 2001, o en las denuncias cotidianas de maltrato institucional a jóvenes exclusivamente por su condición social o etárea”.

Asimismo, Toniolli señaló que “como lo demuestran causas judiciales de trascendencia pública (en las que se encuentran procesados jefes policiales santafesinos por sus vínculos con el narcotráfico) los procedimientos irregulares y fuera de la ley, y los abusos en general, terminan siendo herramientas utilizadas para la gestión del delito por parte de quienes deberían prevenirlo o combatirlo”, y abogó por “la construcción de un modelo de seguridad democrática, en el que primen la conducción política y el control social de las fuerzas de seguridad”.

Fuente:Eduardo Toniolli