El justicialismo pondrá en marcha esta semana los mecanismos para rechazar en ambas Cámaras el veto con texto alternativo del Poder Ejecutivo a la ley de creación del Organismo de Investigaciones (también conocido como “policía judicial”); no aceptará la invitación a conformar una comisión especial para discutir el tema e ingresará como nuevo proyecto el texto sancionado por unanimidad en la Legislatura el año pasado.

El sorpresivo veto del gobernador Antonio Bonfatti a la ley del organismo que serviría de apoyo al Ministerio Público de la Acusación en la investigación penal fue conocido en las últimas horas del año pasado y ahora con la apertura del período Ordinario de sesiones del Poder Legislativo empiezan a correr los 30 días que establece la Constitución para el tratamiento de la enmienda.

El asunto generó fuertes rispideces entre la oposición y el Poder Ejecutivo y amenaza profundizarse en las próximas semanas. El PJ no contaría con los dos tercios de los votos para rechazar el veto pero no está dispuesto a votar las reformas propiciadas por Bonfatti con lo que el texto se caerá o entrará en una disputa de interpretación constitucional que no ayudaría a la puesta en marcha del organismo. El texto remitido por la Legislatura después de haber alcanzado un laborioso consenso en ambas Cámaras tiene 57 artículos y Bonfatti observó 40.

“Estamos decididos a rechazar el veto”, confirmó a El Litoral el diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) quien en la Cámara Baja llevó adelante gran parte de la tarea legislativa para lograr consenso político. “No estamos dispuestos a aceptar conformar una comisión con el Poder Ejecutivo como propuso el ministro (Raúl) Lamberto; la comisión es la Legislatura”, añadió el rosarino.

A mediados de abril, 11 senadores y 25 diputados justicialistas emitieron un documento de rechazo al veto y de compromiso “para reanudar el tratamiento legislativo del proyecto original, como un aporte a la desarticulación de la crisis”.

El Senado debe expedirse primero ya que el proyecto de Armando Traferri (San Lorenzo) es el que dio origen a la ley.

“El Ejecutivo provincial, desautorizando a los legisladores de su mismo frente político, y, lo que es más grave aún, minimizando la situación de extrema gravedad y de crisis en materia de seguridad y justicia que atraviesa nuestra provincia, decidió vetar propositivamente 40 de los 57 artículos de la Ley, convirtiendo un cuerpo de investigadores sólido, capacitado, jerarquizado y dependiente administrativa y funcionalmente del fiscal general y de los fiscales regionales, en un organismo decorativo”, decía la declaración legislativa justicialista.

En sus primeros párrafos, el artículo 59 de la Constitución dispone que “vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación”.

Agrega que “si ambas Cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en las sesiones del año. Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, queda convertido en ley”. Por último, acota que “la Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; en su defecto, se considera rechazado el proyecto”.

Fuente: El Litoral